En sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con el propósito de exhortar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado a que investigue la actuación de dos jueces adscritos a la región de Reynosa, por su intervención en resoluciones judiciales en causas penales relacionadas con el delito de extorsión.

Durante la presentación de la iniciativa, el diputado Prieto Herrera subrayó que el objetivo central del exhorto es salvaguardar el Estado de derecho, la seguridad pública y los derechos de las víctimas, señalando que las recientes resoluciones judiciales, al modificar medidas cautelares previamente dictadas, representan un riesgo latente para la ciudadanía y la economía local.

“En los casos referidos existe una preocupación fundada de que las resoluciones no ponderaron adecuadamente la reincidencia, la peligrosidad y el impacto social del delito”, resaltó el legislador.

Prieto Herrera señaló que los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados resolvieron modificar la medida de prisión preventiva en dos causas penales por delitos de extorsión agravada, imponiendo en su lugar medidas menos restrictivas, como la presentación periódica, garantías económicas mínimas y restricciones de acercamiento, sin valorar plenamente el riesgo para las víctimas ni la gravedad de los hechos.

Los casos involucrados están relacionados con las empresas FLOWSTER, AUTOCLIMAS MATEO y JGHT, en los que los presuntos responsables fueron liberados tras decisiones judiciales cuestionadas.

El legislador agregó que la extorsión, especialmente bajo la modalidad de “cobro de piso”, ha tenido un impacto devastador en municipios fronterizos como Reynosa, afectando de manera directa a comerciantes, empresarios y trabajadores independientes, además de inhibir el desarrollo económico y social.

“Nuestra responsabilidad no se limita a crear y reformar leyes; también comprende señalar, denunciar y actuar frente a resoluciones que, por su impacto, puedan poner en riesgo a la ciudadanía o contravenir el espíritu de la norma”, subrayó.

Finalmente, las diputadas y diputados integrantes de la Diputación Permanente aprobaron por unanimidad el proyecto resolutivo.