La Comisión de Gobernación del Congresos del Estado, analizará la propuesta de exhorto al Fiscal General del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, para que agilice el expediente relativo a la investigación de un caso por presunto acoso sexual y laboral en la Auditoría Superior del Estado.

Durante esta semana, la Diputada Casandra de los Santos Flores, presentó este Punto de acuerdo, que busca cesar la dilatación del expediente detenido en la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra Mujeres por Razones de Género, en contra del Director de Finanzas y Administración de la Auditoría Superior del Estado, quien presuntamente acosó a una de las auditoras que laboraba en este órgano técnico.

“La actuación de la Fiscalía General, deja muchas inquietudes ante la omisión y obstaculización de la investigación”, destacó la legisladora de MORENA, al solicitar que también informe la justificación legal para trasladar la carpeta 70/2020, abierta en la Unidad General de Investigación de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral en Altamira, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“Entre las actuaciones de la Fiscalía, destaca que a la víctima se le retiró al abogado victimal, sin notificarla, ni mucho menos proporcionarle otro, la negativa a proporcionarle copia del expediente, no se volvió a citar al imputado para su declaración, ni se realizó ninguna otra actuación, siendo la propia Fiscalía quien la revictimizó por falta de acceso a la justicia, socavando el bien jurídico de una vida digna libre de violencia a razón de género”, expresó.

La Diputada local, refirió que aunado a lo anterior, se suma el ambiente discriminatorio de hostigamiento y violencia institucional que aún sufre la víctima por parte de la ASE, “El martes pasado, el Auditor, el Ingeniero Mecánico Electricista Jorge Espino Ascanio, declaró bajo protesta de decir verdad, que se giraron medidas de protección con base en la política en materia de cero tolerancia al acoso de la Auditoría Superior del Estado, la cual ni siquiera existía cuando se denunció el hecho, además de poner en duda la declaración de la víctima”.