A cuatro años del asesinato de Juan Daniel Ortiz Martínez, a manos de policías del Estado, la Diputada Casandra de los Santos Flores, exigió al Fiscal General de Justicia, Irving Barrios Mojica, acelerar este caso sucedido en Río Bravo, en el pasado sexenio.

En un Punto de Acuerdo, solicitó agilizar las diligencias en la Carpeta identificada con el folio 139/2020, además, brinde información puntual y precisa a los padres de este joven sobre el rumbo de las investigaciones para capturar a los cuatro implicados ahora prófugos.

“Sus padres y demás testigos del crimen, aseguran que suplicó por su vida, pidió que el fuego cesara, y aseguró que no se encontraba armado”, manifestó en tribuna la legisladora de MORENA.

Resaltó que Daniel tenía 23 años cuando fue ejecutado, Ingeniero de profesión y a pesar de que pretendieron atribuirle actividades ilícitas, se demostró que no estaba armado y tampoco pudieron probar su pertenencia a grupos criminales.

La Diputada local, señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en una recomendación dirigida al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al Fiscal General, Irving Barrios Mojica, determinó que se contaban con evidencias que permiten advertir que los agentes de la SSP-Tamaulipas accionaron injustificadamente sus armas de fuego en contra de Daniel.

De los Santos Flores, precisó que este asesinato es una herida abierta para sus familiares, amigos y el pueblo de Río Bravo, quienes el pasado fin de semana realizaron una marcha, al cumplirse cuatro años de esta tragedia, para exigir justica.

Entre otros asuntos, Diputadas y Diputados de las diferentes fuerzas políticas, presentaron diversas acciones legislativas, como la impulsada por el Diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez, a fin de crear una Comisión de Movilidad en los Municipios.

Por su parte, la legisladora Consuelo Lara Monroy, planteó reformas que tienen como objeto prevenir el delito de tortura, dando cumplimiento a dos rubros importantes como la tipificación del delito de tortura en una norma especial a la cual todas las entidades deben estar sujetas, y por otro lado, la incorporación de una fiscalía que vele por la investigación del delito en comento.