Al calificar de inverosímiles, las afirmaciones hechas por funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, respecto de la venta de vehículos públicos, de los que al menos uno terminó en manos del Tesorero de la institución, el diputado Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Humberto Prieto, advirtió que la denuncia se llevará hasta sus últimas consecuencias.

El Secretario de Finanzas de la UAT, Franklin Huerta Castro y el Director de Control Patrimonial Marco Tulio Treto Sotelo, comparecieron en Comisiones, para aclarar la venta de una camioneta de lujo, patrimonio de esta institución, a la esposa del primero, pero dejaron más dudas que respuestas.

El funcionario aseguró que el vehículo fue declarado de inutilidad, por ostentoso, que gastaba mucha gasolina y significaba una amenaza para la seguridad personal, no apto para sus actividades de funcionario, sin embargo, la consideró útil para su uso particular y por eso terminó comprándolo para el uso de su esposa.

En la reunión de las Comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, evidenciaron un proceso opaco, desde la baja del vehículo y en la adquisición del mismo.

Sin presentar prueba alguna, Franklin aseguró que hubo un avalúo de la camioneta de lujo por el orden de los 535 mil pesos, pero la Universidad la vendió en 564 mil pesos a un intermediario, al que luego él se la compró en 620 mil pesos para su esposa.

Los diputados cuestionaron que el vehículo de alta gama, que terminó en el patrimonio familiar del funcionario universitario, se hubiera vendido a un particular sin identificar, en un lote de siete unidades por 701 mil pesos, lo que equivaldría a que las otras unidades se habrían entregado en un promedio de 20 mil pesos cada una.

“Ni aunque fueran chatarra”, dijo el Diputado.

Sólo la unidad que se quedó la familia del Tesorero, está valuada en el mercado en 689 mil pesos; un chequeo en comercializadoras arrojó que con las otras seis unidades, modelos del 2008 al 2012, sumarían precios por el orden del millón 374 mil 500 pesos.

Para quienes conforman estos órganos legislativos, es necesario seguir revisando la información emitida este día por los funcionarios de la universidad, a fin de dictaminar la acción, sobre la que se señalan supuestos actos de corrupción en esta venta fraudulenta de vehículos de la UAT.

En el seguimiento a la denuncia ciudadana expuesta por la Diputada Magaly Deandar Robinsón, señaló que tanto el nombre del intermediario, como los expedientes de los siete vehículos, los depósitos y la cancelación del seguro de cobertura amplia, que se pagó por la UAT un mes antes de venderse los vehículos, cuando ya se había dispuesto su desincorporación, sólo quedaron los dichos de los funcionarios, carentes de la más elemental lógica.

“Quedaron de hacernos llegar la información; cuando lo hagan vamos a verificar que no sean prefabricados; como quiera, el velo de la sospecha sigue pesando sobre ellos; el mismo rector que los protege debe responder”.