Flanqueada por compañeros y compañeras de la bancada morenista portando carteles con evidencias, la diputada Magaly Deándar Robinson denunció ante el pleno legislativo actos de corrupción al interior de la UAT, exigiendo la consignación y cese de los responsables.

La legisladora reynosense, señaló -como la punta del iceberg de la corrupción evidenciada por un anónimo que ofreció más casos-, directamente al Secretario de Finanzas universitario, de haberse vendido en 12 mil 500 pesos, como chatarra, una camioneta flamante, de lujo, cuyo valor es 600 mil pesos superior.

El o la denunciante, dijo “es una de las tantas personas que se niegan a seguir siendo rehenes del imperio de corrupción que los enemigos del pueblo enquistaron y que hoy, aun después de la transformación, se oponen a ser extirpados, pero ya les está llegado su tiempo”.

Relató que el 30 de diciembre de 2021 fue adquirido por la secretaría de finanzas de la UAT, un vehículo Jeep Cherokee Limited Lujo 4x2, con valor factura de 713 mil pesos, mismo que el 22 de mayo de este 2023, entre un procedimiento de baja de 7 vehículos, fue declarado de inutilidad, para su venta.

Sin contar con el dictamen técnico que justifique la razón de la inutilidad de los vehículos, conforme al artículo 14 del Reglamento de Operaciones Patrimoniales de la UAT, las unidades fueron vendidas; el 20 de junio se dieron de baja por venta y quien supuestamente ganó la “licitación”, dos meses después, el 18 de agosto la vendió a Idali Pacheco Huerta, esposa de Franklin Huerta, el Tesorero de la UAT.

“Esto es un quebranto patrimonial al erario de la Universidad”, reclamó la diputada y señaló como cómplices a Humberto de la Garza Almazán, titular del Órgano Interno de control; Rafael Pichardo Torres, Secretario de Administración; Omar Ponciano Hernández, Abogado General y Marco Tulio Treto Sotelo, Director de Control Patrimonial, todos de la UAT.

Los acusa de los delitos de Coalición de Servidores públicos, tráfico de influencias y cohecho, por los que, advirtió alcanzan prisión preventiva oficiosa y pidió a la Mesa Directiva del Congreso, turnar copia de la denuncia y elementos de prueba a la Comisión de Anticorrupción del Congreso, a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que se inicien las carpetas de investigación correspondientes.

“La o el denunciante anónimo, nos promete aportar más pruebas de desvíos y desfalcos a nuestra máxima casa de estudios”, anunció la diputada.

Pidió la separación inmediata del Secretario de Finanzas Franklin Huerta, que el titular del Órgano Interno de Control se abstenga de intervenir en el caso ante su evidente complicidad y que el Rector Guillermo Mendoza, aclare el comportamiento de sus funcionarios, removiéndolos en tanto se deslindan responsabilidades.

“Si no lo hace, estará encubriendo y obstaculizando a la justicia y ese no es el ejemplo que deben tener nuestros jóvenes estudiantes”, concluyó.