Al considerar injusto que quienes prestan servicios educativos, se nieguen a entregar documentos a las y los estudiantes por razones de adeudos o contraprestaciones pendientes con el centro educativo, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Educación de Tamaulipas para establecer estas situaciones en el apartado de infracciones y sean sancionadas.

De acuerdo a lo establecido en el ordenamiento local, dichas infracciones se sancionarán con hasta el equivalente a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia o revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondientes.

El Diputado Juan Enrique Liceaga Pineda, manifestó que estos actos atentan contra los derechos educativos consagrados en la Constitución Política General, ya que en ocasiones el alumno o la alumna se ve en la necesidad de cambiar de escuela y retenerle su documentación imposibilita que puedan seguir estudiando.

“Estamos plenamente convencidos de que las autoridades estatales en materia educativa, trabajan firmemente con la finalidad de que exista un justo acceso a la educación, por lo que esta disposición viene a coadyuvar a cumplir con dicha premisa sustentada por valores que ahí se promueven como el respeto, la tolerancia y una sana convivencia”, resaltó.

Insistió en que a nadie se le debe impedir su desarrollo humano, social y económico, por lo que con estas modificaciones vienen a fortalecer el concepto que se tiene de la escuela y la educación, al no ser elementos en donde su labor primordial tenga fines recaudatorios, sino que funjan como instrumentos esenciales para la transmisión del conocimiento y la preparación para afrontar los retos futuros de la vida.
En su momento, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Gerardo Peña Flores, cuando presentó esta Iniciativa, precisó que no se podrá condicionar la entrega de documentos, siempre y cuando las y los alumnos demuestren fehacientemente que no tiene ingresos el padre o tutor.