De las acciones legislativas presentadas ante el Congreso del Estado, destacan las que promueven reformas a la Constitución Política de Tamaulipas, para transformar a la Procuraduría General de Justicia en una Fiscalía General de Justicia del Estado, además, para incorporar la figura de la Iniciativa Preferente y la otra en materia de seguridad pública, que fueron turnadas para su estudio y dictamen en Comisiones.

En el desahogo de la sesión de la semana, el Diputado José Hilario González García, propuso reformar la Constitución del Estado, a fin de transformar la Procuraduría en una Fiscalía, que estará a cargo de un Fiscal General, que durará en su cargo siete años, mismo que será designado por el Congreso, de una terna propuesta por el Poder Ejecutivo, resultado de una lista de siete candidatos, que previamente enviará el Legislativo.

Destacó que la Fiscalía General, en caso de aprobarse estas modificaciones, contará, al menos, con tres fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, asuntos internos y combate a la corrupción, a cargo de Fiscales especializados, el nombramiento de los primeros dos, será a propuesta del Gobernador, que deberá recibir el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes del Congreso, con excepción del tercero, que será designado por convocatoria pública.

Entre otras reformas, para la evaluación, supervisión del funcionamiento y desempeño de la Fiscalía General, se crea un Consejo de Participación Ciudadana, integrado por cinco Consejeros Independientes, que deberán contar con probada experiencia en materias de ciencias forenses y penales, procuración de justicia, seguridad pública y cualquier otra que resulte afín a su objeto, cuyo cargo será honorario y designados por las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

En su intervención y al detallar la propuesta, el legislador González García, expresó que
buscan mayor eficiencia en materia de procuración de justicia y combate a la criminalidad, lo cual trae consigo el fortalecimiento del Ministerio Público, asunto relacionado con la persecución de los delitos y elemento fundamental para el ejercicio de las libertades públicas, el establecimiento de límites al poder y la vigencia de los derechos humanos.

Por su parte, la Diputada Issis Cantú Manzano, planteó incorporar a la norma Constitucional, la figura de la Iniciativa Preferente, con el objeto de otorgar la posibilidad al Gobernador del Estado, de presentar hasta dos acciones legislativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter igual número que hubiere presentado en periodos anteriores, a fin de que en un término no mayor de 30 días sean discutidas y votadas por el Pleno.

“Esta figura fue instituida con gran éxito en el procedimiento legislativo del orden federal, y se encuentra enmarcada actualmente en la Carta Magna, por lo que, la presente propuesta, entraña una acción legislativa de homologación, misma que, en nuestra consideración, habrá de fortalecer y eficientizar la coordinación y responsabilidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en beneficio del desarrollo del Estado”, abundó.

La legisladora Nohemí Estrella Leal, resaltó en las modificaciones que promovió a la Constitución Local, para establecer la organización del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de manera armonizada con lo que establece la Constitución General, ciñéndose a la creación de un Fondo Estatal de Fortalecimiento para la Seguridad Pública, del Sistema Estatal de Control y Confianza, así como de un Consejo de Participación Ciudadana.

Durante este miércoles, el Diputado Víctor Adrián Meraz Padrón, presentó reformas al máximo ordenamiento de la entidad, cuyo propósito fundamental atiende a la necesidad de otorgarle mayor orden y certeza jurídica al procedimiento legislativo, respecto a la figura del veto, aclarando en el mismo, las fases correspondientes al parcial y pleno, así como a las consecuencias jurídicas de uno y otro supuesto en el texto Constitucional.

En su intervención, el legislador Joaquín Antonio Hernández García, detalló las reformas a la Constitución de Tamaulipas, que tienen como propósito que el Estado expida una Cédula de Identidad para todos los ciudadanos, su obtención será obligatoria para los residentes mayores de 14 años y aquellos avecindados que permanezcan en la entidad, por un período mayor a los seis meses.

“El Estado de Tamaulipas, al expedir una Cédula de Identidad, podrá contar con un registro de población estatal confiable, que puede empatar con los datos del Registro Civil y la Clave Única de Registro de Población, buscando reducir y, en su caso, eliminar la posibilidad de duplicidad de identidades”, precisó el Diputado.

La Mesa Directiva, presidida por la Diputada María de Jesús Gurrola Arellano, turnó las acciones legislativas a las Comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.