A propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado, la Diputación Permanente del Congreso, dictaminó procedentes diversas reformas, en materia de tortura y desaparición forzada de personas, a fin de homologarlas con las leyes generales correspondientes, creando nuevos órganos de justicia que permitan llevar a cabo las investigaciones pertinentes para dar respuestas legales de manera oportuna.

En lo que respecta al Código Penal para el Estado, se consideró procedente eliminar todo lo relacionado con los delitos de tortura y desaparición forzada de personas, para que se atienda lo dispuesto en las leyes generales en la materia, dando certeza jurídica y protección a la víctimas y ofendidos que se ven envueltos en este tipo de situaciones, facilitándoles el acceso a la justicia.

Al suprimir los mencionados ilícitos, nuestro Estado se ajustará de manera plena y directa a lo que señalan las disposiciones legales, sin que exista de por medio una ley en el ámbito local de las mismas asignaturas, que pudieran causar confusiones legales que obstaculicen la atención a las víctimas.

En cuanto a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, se efectuaron reformas y adiciones, dentro de las cuales se encuentra la implementación de una Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, por lo que, al establecer la ley general la incorporación de fiscalías especializadas, o en su caso, una unidad administrativa, la Diputación Permanente, votó positiva su creación.

Asimismo, como la dependencia de la Fiscalía en Combate a la Corrupción, que deberá contar con personal suficiente y capacitado, dentro de los cuales habrá agentes del ministerio público, peritos, policías investigadores y ministeriales, que buscaran el esclarecimiento de los hechos que puedan ser constitutivos de los delitos señalados en la ley general, en tal razón, esta reforma permitirá tener las bases legales suficientes, para que las autoridades puedan actuar con certeza jurídica.

En ese mismo sentido, se cambia la denominación de la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas, por el de Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, precisando que dependerá directamente del Procurador y tendrá un Fiscal Especializado que tendrá la calidad de Agente de Ministerio Público.

Con esta propuesta, se crea la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, como un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia, cuyo titular será designado por el Congreso del Estado, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad especializadas en la materia.

También, se da origen al Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta integrado por familiares, especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas y representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, mismo que tendrá como principal función, proponer acciones para acelerar los trabajos en la técnica de búsqueda de personas.

De acuerdo a las consideraciones de la Diputación Permanente, este Poder Legislativo tendrá la obligación de llevar a cabo el procedimiento de selección, mediante consulta pública de la integración y designación de los Consejeros Honoríficos que integrará el órgano de índole social.

Con relación a la Ley de Seguridad Pública de Tamaulipas, se faculta a la Policía Estatal, para que atienda las solicitudes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, así como de las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas de otras entidades federativas y reciba los reportes respectivos.

En lo que concierne a la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, se atribuye a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, promover la capacitación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública estatales en materia de búsqueda de personas, con el propósito de contar y garantizar la disponibilidad de personal especializado y capacitado.

Con propuestas del Diputado Glafiro Salinas Mendiola y Alejandro Etienne Llano, se realizaron las modificaciones al Código Penal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, la de Seguridad Pública, así como la Orgánica de la Administración Pública, para estar en aptitud de poder colaborar con la Federación, en el fortalecimiento de la seguridad nacional y estatal.

Los ordenamientos locales, contenidos en la Iniciativa del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se armonizan con lo que señala la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y con la norma en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.