La Diputación Permanente del Congreso del Estado, votó a favor diversas acciones para garantizar la calidad en los servicios educativos ofrecidos por instituciones privadas, así como las que ratifican las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones de 11 Municipios, además se consideraron viables reformas al Código Penal del Estado, dictámenes que se presentarán ante el Pleno en el momento oportuno.

En la sesión de este órgano legislativo, presidido por el Diputado Carlos Alberto García González, se dictaminó procedente exhortar a la Secretaría de Educación del Estado, para que informe a esta soberanía, sobre las acciones de inspección y vigilancia de los servicios educativos, respecto de los cuales se concedieron autorizaciones o reconocimientos de valides oficial de estudios, a las instituciones privadas de nivel superior que operen en la entidad.

Al hacer uso de la palabra, el Diputado Víctor Adrián Meraz Padrón, señaló que lo anterior tiene como fin que este Poder Legislativo, se cerciore de que la calidad en los servicios educativos y el nivel académico ofrecido por dichas instituciones se encuentre acorde a las necesidades que en esta materia existen en el Estado.

Asimismo, los legisladores locales consideraron viable ratificar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones de los Municipios de Abasolo, Bustamante, Cruillas, Güemez, Guerrero, Jaumave, Mier, Nuevo Morelos, San Nicolás, Tula y Villagrán, es decir sin modificaciones, ni incrementos.

El Diputado Ángel Romeo Garza Rodríguez, señaló que estas Tablas de Valores, servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal 2018.

Expresó que los Municipios mencionados, entregaron dichas propuestas de forma extemporánea, por lo que se estimó conveniente ratificar sus Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, para lo cual está facultado el Congreso del Estado.


Durante los trabajos de este jueves, se dictaminó procedente reformar el Código Penal, con el objeto de establecer la pena de seis meses a tres años de prisión para la persona que se fugue de un Centro de Ejecución de Sanciones, en el que se encuentre cumpliendo condena y que se incremente en un tercio, cuando la persona lo haga en complicidad con otras privadas de su libertad, y alguna de ellas se fugue o ejerza violencia en las demás.

“Estimamos pertinente establecer una sanción penal, para quien se fugue de un Centro de Ejecución de Sanciones, en los términos mencionados, toda vez que el Código Penal para el Estado, no establece sanción alguna, excepto cuando se ejecutara con otro u otros presos, o se fugue alguno de ellos o ejerza violencia en las personas o en las cosas, de tal manera que se está dejando impune a quien incurría en dicha conducta”, manifestó.

La Diputación Permanente, citó a Junta Previa este viernes 29 de septiembre, a partir de las 11:45 horas, para que al término se realice la sesión pública extraordinaria y solemne, donde el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, rendirá su primer informe de labores.