En reunión de Comisiones, Diputados de las diferentes fuerzas políticas, continúan dictaminando acciones legislativas, a fin de contar con un marco jurídico que permita trabajar bajo un mismo esquema en el combate a la corrupción, ello bajo acuerdos y consensos para dar buenos resultados a los tamaulipecos.

Las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia, encabezadas por los Diputados Carlos Alberto García González y Teresa Aguilar Gutiérrez, consideraron procedente armonizar el Código Penal del Estado con el Federal, estimando adecuado cambiarse la denominación del título de delitos cometidos por servidores públicos, para establecerse como Delitos por Hechos de Corrupción.

Se precisa que es servidor público quien desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública del Estado y los Municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso del Estado o en el Poder Judicial, así también a quien maneje recursos económicos estatales.

El Diputado Víctor Adrián Meraz Padrón, mencionó que como parte de las sanciones para los servidores públicos que cometan algún acto ilícito relacionado con los tipos penales relativos, de manera adicional a las sanciones previstas, se impondrá la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, entre otros, por un plazo de uno a 20 años.

“Con el fin de fortalecer el combate a la corrupción y en virtud de que las corporaciones policiacas son las que más incurren en actos ilícitos de esta naturaleza, se pretende establecer de manera específica en algunos delitos del presente Código, que se aumenten las penas previstas, cuando se cometan por estos servidores públicos” agregó.

Por su parte, el legislador Juan Carlos Córdova Espinosa, enfatizó que con esta acción legislativa, se va en la dirección correcta para combatir la corrupción y se contribuye en dar a la sociedad un marco jurídico adecuado, al replantearse sanciones efectivas que eviten corruptelas.

En esta misma reunión, se dictaminó viable modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, proponiéndose un nuevo procedimiento con etapas y órganos dinámicos que permitan investigar, substanciar y sancionar de manera efectiva todos aquellos actos u omisiones de los funcionarios del Poder Judicial, que atenten contra el debido ejercicio de la función jurisdiccional.

La Diputada Teresa Aguilar Gutiérrez, expresó que para estar en armonía con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la del Estado en esta materia, apegándose a la labor judicial y administrativa que desempeñan los servidores públicos, se plantea un catálogo de faltas graves y disciplinarias, enfocadas a este ámbito de impartición de justicia.

Por otro lado, al reunirse la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana con la de Estudios Legislativos, se dictaminó a favor modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la cual pretende establecer las nuevas facultades de la Contraloría Gubernamental dentro del Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción, a fin de homologar su actuación a las directrices para los nuevos órganos de control interno.

El Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa, consideró necesario realizar algunas adecuaciones a la propuesta del titular del Ejecutivo Estatal, fortaleciendo las armonizaciones propuestas en materia de combate a la corrupción.

Asimismo, se dictaminó viable expedir la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, ello al analizar de manera conjunta dos propuestas en este tema, promovidas por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el Grupo Parlamentario del PRI, buscando establecer el procedimiento al que se sujetarán los juicios para dirimir las controversias de carácter fiscal, contencioso y administrativo.

La Diputada Brenda Georgina Cárdenas Thomae, comentó que estas acciones legislativas obedecen a la necesidad de actualizar el marco normativo local, para dar cumplimiento a las disposiciones derivadas de los sistemas nacional y estatal anticorrupción, por ello la necesidad de expedir un ordenamiento que regule el procedimiento contencioso administrativo, el cual se resolverá por el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Por su parte, la Diputada Issis Cantú Manzano, también realizó algunas propuestas en relación al juicio en línea, sus lineamientos y otros aspectos que fueron avalados por los integrantes de la Comisión.

El legislador Alejandro Etienne Llano, planteó algunas propuestas referentes al juicio sumario, que fueron votadas en contra, sin embargo coincidió con la importancia de sacar adelante esta Ley de gran calado para la implementación del SEA.