La Comisión de Puntos Constitucionales, dictaminó procedentes reformas a la Constitución Política del Estado, en materia de combate a la corrupción, con la cual se sientan las bases para el establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), misma que se turnará al Pleno Legislativo para su aprobación o rechazo.

Al hacer uso de la palabra, el Diputado Carlos Alberto García González, manifestó que estas reformas constituyen una asignatura pendiente, para procurar el orden disciplina y aprovechamiento de los recursos públicos, así como el correcto desempeño de quienes tienen una responsabilidad pública.

Destacó que se ha invertido el tiempo necesario a esta iniciativa y se encuentran en aptitudes de dictaminarla y votarla, ya con las modificaciones que surgieron durante la reunión de este órgano legislativo.

García González, también realizó ajustes de técnica legislativa a algunos artículos y ajustes para otorgar claridad en cuanto a las competencias de los Tribunales de la Federación.

Al hacer uso de la palabra, la Diputada Issis Cantú Manzano, resaltó que estas reformas contribuirá a a erradicar los vicios y malas prácticas que se presentan en el servicio público, por lo que promovió reformas para simplificar y clarificar la redacción de diversos artículos.

El Diputado Rafael González Benavides, planteó precisar el periodo de ocho años que duraran en su encargo los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, además propuso perfeccionar la redacción inherente del Comité Coordinador, entre otras.

Durante la reunión efectuada este martes, se destacó que el Sistema Estatal Anticorrupción, tiene por objeto ser la instancia de coordinación entre las autoridades de los órdenes de Gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos.

El SEA, contará con un Comité Coordinador y uno de Participación Ciudadana, este último integrado por cinco ciudadanos conforme a un procedimiento establecido en la Ley del Sistema Estatal.

Se compone de cinco materias competenciales para su plena eficacia en el combate a la corrupción: coordinación, prevención, investigación, control y sanciones.

También se plantea que el Poder Legislativo, nombre a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, al titular de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, a los titulares de los órganos internos constitucionalmente autónomos, entre otras facultades.

Por su parte, serán facultades del Gobernador del Estado, proponer al Congreso, para su estudio y aprobación la propuesta de designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta, su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, ante las autoridades competentes, las faltas no graves y sanciones administrativas, serán resueltas por los órganos internos de control.

Las leyes que guardan relación con el Sistema Estatal Anticorrupción y que tendrán que ser creadas o reformadas son la de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de Responsabilidades Administrativas, la Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Procuraduría General de Justicia, de la Administración Pública del Estado, el Código Penal y la misma Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.