La Contraloría Interna del Congreso del Estado, cuenta con una nueva área de Quejas y Responsabilidades, cuyo fin es recibir y dar trámite a las denuncias que se pudieran presentar por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos de este Poder.

Durante las actividades de este miércoles, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Carlos Alberto García González, entregó el nombramiento como jefa de dicha unidad a la Licenciada en Derecho Astrid Alicia Ortíz Sánchez.

La jefa del área de Quejas y Responsabilidades, resaltó que el artículo 66 de la Ley sobre la Organización y funcionamiento Internos del Congreso, establece que la Contraloría Interna, tiene a su cargo la tramitación de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

Derivado de lo anterior, con este espacio que está a disposición de la ciudadanía, se buscará mejorar como Institución, mediante un servicio eficiente, ya que al ser servidores públicos, se debe cumplir con los valores implícitos y explícitos en la Constitución del Estado y las leyes que así lo marcan.

“Mi actuar será con honestidad, imparcialidad, responsabilidad y eficiencia en cada una de las acciones que desempeñe”, destacó.

El objeto principal de esta área dentro de la Contraloría, que encabeza la Licenciada Dulce Carolina Oyervides Ferrel, será la recepción de las quejas en contra de algún trabajador del Congreso, que haya faltado al cumplimiento de sus deberes y que así lo considere cualquier ciudadano.

Una vez recibida la queja, si se encuentran elementos probatorios para acreditar que el servidor público denunciado incumplió en sus obligaciones, el expediente se desahogará en un procedimiento en forma de juicio, donde se determinará si existe responsabilidad administrativa o la imposición de una sanción.

Las sanciones van desde amonestación privada, publica, suspensión del empleo sin goce de sueldo, así como inhabilitación y destitución, entre otras.

Con la implementación de esta área, la Contraloría Interna, da cumplimiento a las tareas y responsabilidades que marca la Ley y pone en marcha acciones que responden a las exigencias de la población.